Con estos términos, Víctor Tomaselli se refirió al proyecto de ley que limita “la Extranjerización de la Tierra”, que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación.
Víctor Tomaselli, ex asesor del diputado nacional Héctor Jorge “Pampa” Álvaro, se refirió al proyecto del Poder Ejecutivo Nacional denominado “Defensa de la Extranjerización de la Tierra”, que fuera aprobado con media sanción ayer en Diputados. En rigor se trata del proyecto 0001-PE-11. Tomaselli fue enfático en la caracterización del mismo como “un proyecto de guarda, amparo y defensa de este recurso natural estratégico”.
En efecto, “la característica principal de este proyecto que la presidenta Cristina Fernández ingresara a Diputados el pasado 27 de abril, es concebir la tierra no como un bien de renta, sino como un recurso natural”. Continuó expresando el dirigente que “de este modo, lo que pretende la ley es efectivizar el derecho irrenunciable del Estado al ejercicio de la Soberanía Nacional y la preservación de la tierra en manos de productores agropecuarios nacionales”.
“Con esto pretendemos llevar claridad a los que ven en esto un freno a las inversiones extranjeras. Lo que notamos en el consenso del Congreso es que hay mucha voluntad de legislar en un tema a todas luces necesario. Hay que tener en cuenta que en total hay once proyectos que tienen estado legislativo. De todos ellos, el del Ejecutivo Nacional, es el que supo convocar todas las voluntades y por eso se logró la media sanción”, opinó.
Por otro lado, Tomaselli manifestó algunos aspectos que hasta ahora, a su juicio, no han sido señalados suficientemente. “La presidenta Cristina ha enviado un proyecto a todas luces muy bien fundamentado y meditado. Pone a resguardo el país de cualquier consideración que pueda hacerse en el marco del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con respecto al cumplimiento de la gran cantidad de pactos bilaterales que ha signado nuestro país”, puntualizó.
“Esto es así -continuó - porque al considerar la tierra como recurso natural no renovable, se la excluye como bien de ser objeto de inversión extranjera. Es decir, los recursos naturales no renovables, son inexcusablemente propiedad del Estado Nacional, de los Estados Provinciales, o de los ciudadanos argentinos”.
Amplió el concepto destacando que “esta interpretación es perfectamente compatible con el dispositivo previsto en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados”.
El oleólogo, que en su momento fuera dirigente de la Juventud Peronista y encarcelado durante la dictadura en la cárcel de Rawson, fue prudente al referirse al aspecto de cantidades de tierra. “El proyecto habla de un máximo de 1.000 hectáreas, no obstante, es evidente que hay que considerar el aspecto dentro de lo que significan las unidades económicas que, como es sabido, es jurisdicción de las provincias, por eso el texto refiere a superficies equivalentes a aquellas 1.000 hectáreas, lo que será evaluado por el Consejo Interministerial de Tierras, como organismo a crearse”, remarcó Tomaselli.
Por último, destacó que el proyecto que fuera aprobado implica necesariamente “la realización de un relevamiento catastral y dominial”. Esto exigirá las coordinaciones nacionales y provinciales en el referido Consejo, que según el texto aprobado, funcionará en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
